Asamblea Legislativa

Datos generales

  1. Expediente: 19654, Ley Marco de la Economía Social Solidaria.
  2. Fecha de presentación: 9 de julio de 2015.
  3. Plazo cuatrienal: 9 de julio de 2019.
  4. Comisión: Especial Dictaminadora, que tendrá por objetivo investigar, estudiar, analizar y dictaminar la Legislación Adecuada para el Fortalecimiento del Sector de la Economía Social Solidaria, Expediente 19.212.
  5. Situación actual: trámites iniciales.

Proponentes

Diputados

Síntexis exposición de motivos

El concepto de “economía social”, surge a partir de la creación del Comité Nacional de Enlace de las actividades Mutualistas, Cooperativas y Asociativas (décadas de 1970 y 1980), el cual surgió con la finalidad de coordinar a las organizaciones que en este país desarrollaban ese tipo de actividades desde finales del siglo XIX, para lograr su reconocimiento público como un sector diferenciado de la economía. Es así como la realidad que refiere es de larga data y se ha manifestado de variadas formas a través de la historia, en organizaciones que realizan actividades económicas, al margen de los fines o intereses a los que responde la empresa mercantil lucrativa y el sector público.

En resumen “La economía social fortalece la participación de los ciudadanos y su derecho de iniciativa para construir capital social y con ello, la oportunidad de crear y organizar proyectos y empresas de este tipo, en los que pueden tomar parte grupos o sectores marginados para su reintegración a la sociedad. Las iniciativas de economía social ofrecen una escuela de aprendizaje, de experiencia y de ciudadanía; asimismo, fortalecen por sus métodos educativos participativos e interactivos y de construir mercados donde los precios y las relaciones resultan de una matriz social que pretende la integración de todos con esfuerzo y resultados distribuidos de manera igualitaria.

Así, esta economía es social porque produce sociedad y no solo utilidades económicas, porque genera valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos productores o de sus comunidades (consideradas como territorio, etnias, y un entramado social y cultural), y no está orientada por la ganancia y la acumulación de capital sin límites. Se orienta la economía social a unir producción y reproducción, al producir para satisfacer las necesidades acordadas como legítimas por la misma sociedad. Para ser socialmente eficiente y sostener relaciones de producción y reproducción de alta calidad, tiene como fundamento el trabajo y el conocimiento encarnado en los trabajadores y sus sistemas de organización, debiendo contar con medios de producción, crédito, tener sus propios mercados o competir en los mercados abiertos.

Estructura del proyecto de ley

Esta iniciativa está integrada por IV capítulos y 13 artículos de la siguiente forma:

  • Capítulo I, Objetivos, principios y composición: son cuarto artículos que establecen el objetivo de la ley, una definición para economía social solidaria (ESS) , los principios y sujetos que la integran.
  • Capítulo II, Organización y fomento de la economía social solidaria: integrado por los artículos del 5 al 9, los cuales detallan el registro de las instituciones que integran la ESS, la integración y representación en caso de consorcio con personalidad jurídica propia, así como el fomento de la ESS, creación del CONAESS que será el ente encargado de formular, coordinar y evaluar las políticas y estrategias para el fomento y difusión de la ESS. Finalmente, se estructura un artículo con las disposiciones especiales entre las que resalta que los bancos del sistema financiero nacional y el INFOCOOP, deberán ejecutar programas de financiamiento y apoyo para el desarrollo de proyectos económicos empresariales viables, adecuados a las necesidades de las entidades de la ESS.
  • Capítulo III, Reforma de otras leyes: artículos del 10 al 13 que reforman las siguientes leyes:
    • Ley N.° 6868, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, de 6 de mayo de 1983, se adición de un párrafo al artículo 23, para que el INA incorpore dentro de sus programas de enseñanza las buenas prácticas de la ESS.
    • Ley N.° 2035, Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, de 17 de julio de 1956, adición de un inc. x) al art. 5, para que CNP, tenga como parte de sus actividades ordinarias, establecer programas de apoyo a la producción y comercialización de las entidades de ESS agrícolas y pecuarias.
    • Ley N.°1917, Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo, de 30 de julio de 1955, se adiciona un inc. j) para el ICT establezca y ejecute programas de promoción y apoyo del turismo rural, agroecoturismo y turismo comunitario que desarrollen las organizaciones dela ESS.
  • Capítulo IV Disposiciones finales: integrado por un único artículo que establece la obligación de reglamentar la ley tres meses después de su promulgación.

Economía social solidaria en Costa Rica

El examen sobre el origen y el proceso de formación de la economía social en Costa Rica, a partir del siglo XIX, tiene como punto de partida instrumental un concepto de asociacionismo no lucrativo entendido como: “los agrupamientos de personas en organizaciones de derecho o de hecho, que se constituyeron con la finalidad de satisfacer las necesidades socioeconómicas de sus miembros, de sus comunidades o de sectores de la población, mediante la gestión de actividades económicas”. Al comienzo de la segunda mitad del siglo XX, el asociacionismo de personas no orientado por una finalidad lucrativa, había logrado su institucionalización dotándosele por parte del Estado de un marco legal propio, para las asociaciones civiles y para las asociaciones cooperativas, reconociéndose también a la figura del sindicato no solo para fines de reivindicación laboral, sino como instrumento para el desarrollo de actividades productivas, especialmente agrícolas.

En el caso particular del cooperativismo, el Estado no se limitó a su reconocimiento, sino que desplegó un conjunto de instituciones jurídicas y de recursos materiales para su promoción y desarrollo, a partir de su obligación constitucionalmente establecida de fomentar la creación de cooperativas. Ese conjunto de acciones de fomento, se justificaba por la consideración de que la constitución y operación de asociaciones cooperativas es “uno de los medios más eficaces para el desarrollo económico, social, cultural, y democrático de los habitantes del país”.

Las políticas públicas del Estado costarricense para el asociacionismo no lucrativo se han orientado históricamente a su reconocimiento jurídico y a la disposición de instituciones y recursos para su fomento.

Las siguientes son las más importantes acciones de política pública que el Estado ha desplegado a favor del asociacionismo no lucrativo que hoy integra la economía social solidaria:

  1. Reconocimiento constitucional de la solidaridad como una política nacional permanente, del derecho de asociación, de la organización sindical, y de las cooperativas, y compromiso al fomento de las últimas, así como del derecho de los trabajadores a su patrimonio familiar.
  2. Promulgación de marcos jurídicos propios, mediante leyes y decretos.
  3. Fuentes públicas de financiamiento.
  4. Instituciones públicas de promoción y control.

Situación actual de la economía social solidaria y reformas necesarias:

  1. El asociativismo no lucrativo en Costa Rica surge y evoluciona en la historia nacional de manera autónoma y como expresión de la voluntad y libre decisión de las personas de emprender acciones organizadas para resolver una necesidad común.
  2. El desarrollo de legislación y políticas públicas para la regulación, promoción y fomento del asociativismo no lucrativo, ocurre como un hecho posterior al nacimiento de sus organizaciones, como un resultado de la acción e incidencia de estas, de su capacidad propositiva y de la lucidez de los actores políticos en congruencia con las aspiraciones de construir una sociedad democrática con justicia social; siendo necesario en todo caso explicar dicha legislación y políticas en los contextos históricos en que ocurrieron, a efecto de determinar sus alcances y condicionamientos.
  3. El surgimiento del asociativismo no lucrativo tuvo como actor fundamental a las propias personas asociadas y demás sectores de la población urgidos de encontrar respuestas a sus necesidades, utilizando para ello la solidaridad, la ayuda mutua, la cooperación y sentido de la responsabilidad como los pilares de sus organizaciones.
  4. Los rasgos comunes del asociacionismo no lucrativo se identifican objetivamente con los principios y características que recoge el concepto de economía social solidaria como propios de las organizaciones de este tipo y a los fines de crear un marco conceptual propio de la economía social solidaria costarricense, es indispensable que los actores del asociacionismo no lucrativo sistematicen y se apropien de su experiencia, reconozcan y recuperen su memoria histórica.
  5. La trayectoria, los resultados sociales, el marco jurídico y el conjunto de políticas públicas del asociacionismo no lucrativo costarricense constituyen un valioso capital social que reúne las potencialidades necesarias para que, identificado y articulado como economía social solidaria, gane el reconocimiento como un actor de primera línea en el diálogo social y civil y en las definiciones que están en marcha sobre el futuro de Costa Rica, para que esto ocurra solo hace falta recurrir a la fuerza impulsora e inspiradora de los precursores del asociacionismo no lucrativo, a su sentido de responsabilidad y a la autonomía expresada en su voluntad de emprender.

Las organizaciones que integran la economía social solidaria en Costa Rica, actúan hoy en todos los sectores de la economía y son parte de la pluralidad y diversidad empresarial de Costa Rica. Hay en estas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, algunas de las cuales son reconocidas en el ámbito latinoamericano y otras son empresas líderes en sectores o regiones del país. Más de un millón de personas participan como asociadas a estas empresas y su participación en la generación de empleos y puestos de trabajo es significativa, al igual que su contribución a la generación de riqueza, cuya distribución y reinversión de beneficios ha impactado sensiblemente los indicadores de desarrollo humano de su base asociada y de los territorios donde actúan. Son organizaciones que promueven empleos estables y de calidad, son instrumentos efectivos de lucha contra la pobreza y la exclusión social, y por la mejora de la calidad de vida de sus asociados, compaginando viabilidad económica con responsabilidad social y ambiental; que inciden en la mejora de la educación, en la cohesión social, en el fortalecimiento del tejido empresarial y en la promoción del espíritu emprendedor, del desarrollo local, de la innovación, de la competitividad empresarial, a la vez que promueven valores democráticos y de responsabilidad ciudadana.

Acogiendo los desafíos y retos planteados por estas mismas organizaciones y reconociendo el aporte que han venido dando al país, se propone en consecuencia y como un nuevo hito en el proceso histórico de las acciones del Estado costarricense por su fortalecimiento, establecer por una ley de la República, las disposiciones necesarias para su reconocimiento y visibilización como un sector de la economía nacional con las particulares y específicas características que las identifican. De esta manera, es el objetivo de estas disposiciones, potenciar el aporte que este sector puede darle al desarrollo social y económico nacional, favoreciendo los procesos de integración entre estas organizaciones, sea para fines de incrementar sus actividades económicas o de representación. Se orienta también esta propuesta, a garantizar, reconociendo las particularidades de estas organizaciones, su acceso a fuentes de financiamiento y apoyo para el desarrollo de sus actividades, así como a favorecer políticas públicas para incrementar su participación en el mercado y en la prestación de servicios que complementen aquellos que brinda el Estado, de acuerdo con las regulaciones del ordenamiento jurídico.